Declaración Pública


Exigimos al Estado chileno
Plenas garantías para los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres.

En medio de un clima nacional pleno de discursos electorales y retórica política, las mujeres en Chile –niñas, adolescentes, adultas, trabajadoras, campesinas, estudiantes, indígenas, inmigrantes, lesbianas y otras sexualidades, trabajadoras sexuales, etc.–, observamos con indignación cómo, día a día, son transgredidos nuestros derechos humanos universales, en especial nuestros derechos sexuales y reproductivos, lo que da cuenta de la existencia de una discriminación histórica por razones de género.

Pese a que este año se cumplen los 30 años de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, no observamos una voluntad política en los decisores públicos y en otros actores sociales para acabar con esta condición de minusvalía de las mujeres, la que es más evidente en relación a nuestro cuerpo, sexualidad y reproducción.

Hechos recientes así lo demuestran:

  • Se han aprobado fallos y resoluciones (Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República) que dictatorialmente impiden la distribución de la anticoncepción de emergencia para todas las mujeres, sin discriminación.
  • Se ha obstaculizado en el Senado la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo relativo a la información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, pese a su aprobación mayoritaria en Diputados.
  • Se ha negado el aborto terapéutico en embarazos con malformaciones fetales gravísimas, y el Estado no ha garantizado a las familias afectadas la ayuda posterior al nacimiento.
  • Se ha roto la confidencialidad médico-usuaria en casos de complicaciones de aborto inducido, con la consiguiente difusión pública de los nombres de las afectadas y su posible enjuiciamiento. Esto va en contra del Ordinario Nº 1675, del 24 de abril de 2009 del MINSAL, que instruye a directivos de servicios de salud sobre el trato humanizado y el resguardo de la confidencialidad.
  • Se retardó el acceso a la anticoncepción de emergencia para una adolescente violada, pese a que existe un protocolo de atención que contempla su entrega. Este caso, además, puso en evidencia la gravedad y extensión de la violencia sexual contra mujeres y niñas.
  • Se ha retardado la interrupción de un embarazo con muerte fetal por carencia del medicamento Misoprostol en recintos públicos, lo que ha puesto en riesgo innecesario la salud de la mujer afectada.

Se continúa asistiendo al cabildeo permanente y descarado de jerarcas de la Iglesia Católica en contra de políticas públicas con sensibilidad de género, con amplia difusión en medios de comunicación masivos tradicionales, los que además mantienen un cerco informativo contra las voces de las organizaciones sociales, en especial en lo relativo al aborto.

Estos hechos, que son solo una muestra, dejan en claro que el Estado chileno falla en su obligación de garantizar y proteger la vida y salud de las mujeres, contraviniendo tratados del sistema internacional de derechos humanos ratificados por Chile, que en la práctica incumple. Por lo tanto, las mujeres reclamamos con indignación que nuestros derechos humanos se supeditan a otros intereses y se nos niega la libre decisión sobre nuestro espacio más íntimo, el cuerpo, sobre el cual cotidianamente se ejerce violencia explícita y simbólica desde el Estado y desde otros sectores sociales.

Denunciamos también que los insuficientes presupuestos del sistema público de salud, junto con la penalización total del aborto inducido, redundan en el retardo de la atención, el maltrato, discriminación y castigo de las mujeres hospitalizadas por complicaciones de aborto, incluso siendo denunciadas por proveedores de salud que irrespetan su deber ético y administrativo de guardar la confidencialidad. Esta situación es una inaceptable violencia institucional.

Del mismo modo, considerando que en Chile el Estado laico es mandato constitucional, exigimos el cese de la obediencia de autoridades públicas, legisladores y legisladoras, jueces y políticos respecto de lo que las jerarquías eclesiásticas determinan, ya que es una inaceptable intromisión en las políticas públicas dirigidas a una población diversa en valores y creencias. Debe confrontarse, especialmente, su discurso dogmático y fundamentalista en lo que al cuerpo, la sexualidad y la reproducción se refiere.

Las leyes punitivas, los castigos sociales, la estigmatización de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos por diferentes razones, han demostrado ser inútiles para prevenir la ocurrencia del aborto. Por el contrario, se requiere que el Estado provea las condiciones óptimas para que todas las mujeres, sin discriminación, puedan decidir libremente si quieren o no ser madres y cuándo hacerlo, contando con todos los medios y apoyos sociales necesarios. Y es necesario también que los discursos y la retórica política que hoy marcan el debate público del país, avancen a acciones concretas y no se queden en meras palabras en lo relativo al aborto, pues estas no son suficientes.

Finalmente, exigimos a la sociedad y al Estado chileno respetar la Libertad de Decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, su salud y sus vidas como un asunto de democracia y ciudadanía.

Chile, 15 de octubre de 2009


ARTICULACION FEMINISTA POR LA LIBERTAD DE DECIDIR

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La Ciudad de las Diosas

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